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“Hay un costo humano”: los pueblos de montaña de Colorado sufren ausencias estudiantiles y tensión comunitaria tras crecientes operaciones de ICE

Un restaurante cerrado. Menos estudiantes en las aulas. Un enfrentamiento con un funcionario local. Así están impactando las operaciones federales de inmigración en los pueblos turísticos rurales de Colorado.

Ryan Spencer, Robert Tann y Andrea Teres-Martinez
Traducido por Edgar Arroyo
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Agentes federales frente a Hacienda Real durante una operación de inmigración en Summit County el pasado 16 de septiembre de 2025.
Cody Jones/Summit Daily News

Los pueblos de la montaña en Colorado están lidiando con los efectos de una ola de operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

Agentes federales han detenido a decenas de personas en la zona montañosa este verano —aunque ICE se ha negado a ofrecer información sobre cuántos exactamente han sido detenidos o sus nombres.

Mientras tanto, han circulado rumores en redes sociales y miembros de la comunidad han descrito un ambiente de miedo que ha permeado a lugares de trabajo y escuelas. Empresas de construcción han reportado menos trabajadores presentes, y algunos distritos escolares en las montañas han documentado impactos en la asistencia debido a las operaciones de ICE.



“Hay un costo humano, además de un costo económico, y no solo los latinos y latinas se ven afectados”, dijo Alex Sánchez, presidente y CEO de Voces Unidas, grupo de defensa de inmigrantes en la franja montañosa.

La administración del expresidente Donald Trump dijo que las operaciones de inmigración apuntaban a personas con antecedentes criminales y sólo perseguían “lo peor de lo peor”. Pero la limitada información pública disponible de ICE demuestra un panorama diferente.



En las montañas, el aumento de operaciones federales ha generado tensiones con el público. En ocasiones, las operaciones de ICE han recibido resistencia, con miembros de la comunidad coordinando en redes sociales para alertar sobre operaciones activas e incluso mostrando presencia frente a los agentes para poder protestar. Otros usuarios han celebrado las acciones de inmigración.

En Frisco, al menos 30 personas se reunieron frente a un popular restaurante mexicano para expresar su descontento con los agentes federales mientras ejecutaban una orden de registro en el establecimiento a comienzos de este mes. Algunos se colocaron frente a los vehículos de los agentes, otros hicieron sonar sus bocinas, y una persona gritó: “¡Estas son personas trabajadoras. ¡Fuera de aquí!”

El periódico Summit Daily confirmó que dos trabajadores fueron detenidos durante el incidente. La investigación obligó al restaurante —que atendía clientes desde hace más de dos décadas— a cerrar inesperadamente.

La semana pasada, una comisionada del condado de Routt dijo que fue “acorralada” por agentes federales en vehículos mientras iba a la oficina de correos en Oak Creek tras grabar un video de sus operaciones.

“Es un momento realmente aterrador, y es triste que esto esté ocurriendo en nuestra comunidad”, dijo la comisionada Angélica Salinas en un video sobre su interacción con ICE. “Tengo un puesto muy privilegiado en nuestra comunidad, y puedo sentirme segura en muchos lugares como mujer latina, pero ese no es el caso para todos”.

Impacto en la comunidad

Sánchez, el CEO de Voces Unidas, conoce personalmente el impacto de la deportación. Su madre fue deportada a México cuando él era niño viviendo en El Jebel, un área no incorporada a unas 20 millas al norte de Aspen, donde su madre trabajaba como empleada doméstica.

La naturaleza estrechamente conectada de muchos pueblos turísticos rurales significa que esas operaciones pueden tener efectos en cadena más allá de cualquier condado y afectar a familias que viven y trabajan en los valles montañosos, explicó.

Casos en EE. UU. de inmigrantes con residencia legal, incluidos titulares de ‘green cards’, detenidos también han aumentado el miedo incluso entre residentes documentados.

“Cuando hay operaciones, a veces las escuelas deben cerrar”, dijo Sánchez. “Hay lugares de trabajo, sitios de construcción, restaurantes y hoteles donde no hay suficientes empleados para mantener los negocios abiertos”.

Agentes de Homeland Security Investigations salen de una vivienda en Dillon Valley, Summit County, tras ejecutar una orden de cateo el 16 de septiembre de 2025.
Kit Geary/Summit Daily News

Tony Byrd, superintendente del Distrito Escolar de Summit, dijo que sus escuelas tuvieron una caída del 35% en la asistencia durante aproximadamente dos semanas después de los rumores de presencia de ICE desde la semana del 8 de septiembre y dos operaciones de ICE el 16 de septiembre. Durante estas operaciones, que ocurrieron a menos de una milla de las escuelas del distrito, Byrd dijo que más de 200 estudiantes asustados “hacían todo lo posible” por salir de la escuela.

La representante Meghan Lukens, demócrata de Steamboat Springs y presidenta del Comité de Educación de la legislatura estatal, declaró por escrito: “Nadie debería temer que su familia sea separada mientras va a trabajar o deja a sus hijos en la escuela, pero la actividad creciente de ICE en la zona montañosa ha hecho exactamente eso, provocando una disminución en la asistencia escolar”.

“Los inmigrantes vinieron aquí para dar una vida mejor a sus familias, incluida una educación de calidad para sus hijos. Como maestra, me preocupa profundamente que los estudiantes estén perdiendo aprendizaje por miedo a una posible redada de ICE”, continuó Lukens.

Cada vez más trabajadores dejan de presentarse a sus empleos o abandonan sus trabajos. 

Entre junio de 2024 y junio de 2025, Colorado perdió aproximadamente 5,100 empleos en construcción, según un informe de la Asociación de Contratistas Generales (AGC). El grupo indicó que parte de la pérdida podría estar relacionada con “represalias migratorias intensificadas” y la “disminución continua” en la llegada de trabajadores.

Casi 1 de cada 4 empresas de construcción reportó perder trabajadores por acciones de inmigración federal; alrededor del 5% dijo que agentes de inmigración visitaron directamente su obra, y el 7% señaló que trabajadores dejaron sus empleos o no se presentaron por “acciones migratorias reales o rumoradas”.

Grupo de defensa trabaja para confirmar y documentar casos de ICE

Desde enero, Voces Unidas ha rastreado la actividad de ICE en comunidades de montaña, recibiendo cientos de llamadas y mensajes de texto con información de la comunidad. 

Aunque la organización sigue enfocada en defender los intereses de latinos y latinas, principalmente a través de política y legislación, ha desplazado recursos para convertirse en una red de respuesta rápida ante incidentes relacionados con ICE. Sánchez comenta que el grupo se ha visto “bombardeado” con cientos de llamadas y mensajes cuando se está llevando a cabo actividad de ICE.

El grupo documenta numerosos casos de detención, basándose en evidencia colectiva como videos, información de funcionarios públicos, testimonios de familiares y la base de datos de ICE. Publica información sobre incidentes en su sitio web y emite alertas cuando la actividad de ICE puede ser inminente o estar en curso.

Hasta este año, Voces Unidas ha confirmado detenciones de ICE en los condados de Summit, Lake, Grand, Eagle, Routt, Moffat, Pitkin, Garfield, Mesa, Chaffee, La Plata, Río Blanco y Montrose, confirmadas también por medios de comunicación.

Un portavoz no identificado de la oficina de ICE en Denver dijo por correo electrónico que la agencia “no confirma, niega ni comenta operaciones en curso o futuras y anunciará públicamente resultados cuando sea apropiado”.

Sánchez añadió que no hay un patrón único sobre cómo ICE llega a las comunidades, y que la agencia emplea diversas tácticas: presentarse en domicilios o lugares de trabajo, detener personas mientras conducen o realizar detenciones en lugares aparentemente aleatorios como gasolineras.

ICE no ofrece cifras de personas detenidas en las comunidades de la montaña de Colorado ni detalles de quienes arresta sin nombre y fecha de nacimiento o número de identificación.

“ICE está ejecutando su misión de identificar y remover a extranjeros criminales y otros que han violado nuestras leyes migratorias. Todos los extranjeros en violación de la ley migratoria estadounidense pueden ser sujetos a arresto, detención y, si se determina su remoción por orden final, ser deportados, sin importar su nacionalidad”, indicó el portavoz.

Sánchez destacó que, aunque los pueblos montañosos han visto operaciones públicas con testigos, probablemente hay muchos más casos no reportados.

Los datos oficiales de ICE son confusos. La Universidad de California, Berkeley, compiló el panorama más claro hasta ahora sobre arrestos de ICE mediante datos obligados a ser liberados por la agencia, utilizados en el Deportation Data Project. Según análisis de medios como The Colorado Sun, la mayoría de las personas arrestadas por ICE en Colorado entre enero y junio de este año no tenía condenas penales en EE. UU.

Sánchez concluyó que, aunque la administración Trump decía buscar a personas con “crímenes horribles”, “los datos, historias y testimonios que Voces Unidas recibe no muestran eso”.

Funcionarios locales han reiterado que no participan en operaciones de ICE. Las leyes de Colorado limitan la cooperación de funcionarios locales y estatales con ICE, salvo que haya una orden criminal válida. En algunos casos, los agentes federales también tienen restricciones para operar en ciertos espacios públicos, como juzgados estatales.

En abril, el juez principal del Noveno Distrito Judicial, John Neiley, ordenó a ICE suspender actividades de control migratorio civil en juzgados de Pitkin, Garfield y Río Blanco, según Colorado Public Radio.

Sánchez enfatizó que el estado necesita mejores datos sobre cuándo y dónde ocurren las operaciones.

“El problema en Colorado es que nadie lleva un registro de estos reportes debido a que no existe un sistema centralizado para hacerlo” concluyó.

Legisladora estatal busca hacer más políticas para proteger a inmigrantes

La representante estatal Elizabeth Velasco, demócrata de Glenwood Springs, que ha impulsado varias medidas relacionadas con la inmigración en el Capitolio de Colorado, dijo que hay más iniciativas que el estado puede hacer para responder a los esfuerzos federales de inmigración.

Aunque la inmigración es un asunto federal, Velasco dijo que los estados todavía tienen cierto poder para actuar de manera proactiva y reactiva frente a las acciones federales.

Este año, Velasco fue promotora principal de una importante ley nueva, la ley 276 del Senado que entre otras cosas, limitó aún más la capacidad de los funcionarios locales para compartir información con ICE en casos donde no se haya emitido una orden criminal.

Velasco dijo que espera ampliar este trabajo durante la próxima sesión legislativa, que comenzará en enero, y que actualmente se encuentra en el proceso de involucrar a las partes interesadas para desarrollar nuevas ideas de proyectos de ley. Esas podrían incluir medidas para fortalecer la educación y la capacitación sobre la ley de inmigración de Colorado para las fuerzas del orden locales.

Ella dijo que eso podría ayudar a evitar situaciones como la que ocurrió a principios de este año en el condado de Mesa, donde un asistente del sheriff compartió información con funcionarios federales de inmigración que condujo al arresto de un estudiante universitario de Utah que tenía una visa vencida. El condado de Mesa, en su batalla legal con la Oficina del Fiscal General de Colorado sobre el asunto, argumentó que la ley estatal de inmigración era vaga y contradictoria.

Velasco también está interesada en que Colorado apruebe legislación que imite la reciente prohibición de California sobre que los agentes de ICE usen máscaras, una medida que probablemente estará sujeta a desafíos legales.

“Considero que el trabajo no tiene fin”, dijo Velasco. “Definitivamente quiero animar a los funcionarios electos a escuchar, porque este es un tema enorme para el estado y nuestras comunidades.”

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